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El Derecho Cooperativo Americano en Congreso

18 de agosto de 2013

De cara al Congreso Continental de Derecho Cooperativo a desarrollarse en Brasil, del 8 al 10 de octubre de 2013, el Dr. Sergio Reyes presenta un artículo donde se desarrolla, en líneas generales, el origen y la evolución de la legislación cooperativa mundial y particularmente la de América Latina. Al mismo tiempo, se hace referencia, sintéticamente, a algunas normas internacionales en la materia.

1. El origen de la legislación cooperativa

Como es sabido, las cooperativas de la era moderna nacieron en tiempos de la primera revolución industrial en la búsqueda de alternativas al sistema socio-económico predominante -el capitalismo- y constituyeron respuestas de los trabajadores a sus problemas vitales cotidianos, basadas en la solidaridad y dentro de una estrategia de resistencia y esperanza de una sociedad más centrada en las personas que en la lógica de acumulación de ganancias del capital.

Si bien hubo experiencias anteriores a 1844, se ha tomado a la Sociedad de los Probos Pioneros de Rochdale (Inglaterra), conformada en ese año, como la primera cooperativa. Esto obedeció, sobre todo, a su buen desarrollo y a la virtud de aplicar de manera sistematica un conjunto de reglas que, con algunos arreglos, en el correr de los años se convirtieron en los denominados principios cooperativos, los que, al fin, caracterizan de manera clara la forma cooperativa de producción, distribución y consumo de bienes y servicios.

Los objetivos iniciales de la experiencia rochdaleana eran amplios, pero el emprendimiento se encaminó sobre todo como una cooperativa de consumo, a partir del intento de paliar las necesidades de las personas en tanto consumidoras. A esa experiencia le siguieron muchas otras en Inglaterra, mientras tanto en Francia se desarrollaban las cooperativas obreras de producción (cooperativas de trabajo) y en Alemania las de crédito y las agrarias.

Siendo que las leyes sobre cooperativas son las normas fundamentales (no las únicas) que componen el Derecho Cooperativo, es pertinente recordar que, en general, la legislación “corre” detrás de los hechos sociales; es decir, por lo regular primero ocurren las experiencias sociales y luego, dada su significación, son reguladas legalmente. En el ámbito del cooperativismo, el ejemplo más claro fue precisamente la cooperativa de Rochdale: por carecer de legislación que la amparara al momento de su creación (1844), se registró de acuerdo a la ley de mutualidades inglesa (“Frindly Societies Act” de 1793), y en 1952 quedó incluida en una regulación más acorde a su realidad, la “Industrial and Providente Societies Act” (IPSA). Algunos años más tarde se aprobaron en Alemania la Ley “Schulze-Delistzsch” (1867), en Francia la Ley de sociedades de capital variable (1867), en Portugal la Ley “Basilar” (1867), y en Italia (1882) y España (1885) los Códigos de Comercio, regulándose o incluyéndose en todas esas normas a las cooperativas.

Así, se perfilaron en Europa los diferentes modelos de legislación cooperativa, que pueden clasificarse, con Dabormida (1989, pág. 5), del siguiente modo: 1) opción anglosajona: tratamiento distinto de las cooperativas tanto de las sociedades como de las asociaciones, y con grandes facultades para el registrador público para su calificación; 2) opción que integra a las cooperativas dentro de la codificación mercantil o civil, pero como una superestructura de otros tipos societarios ordinarios; y 3) opción de un cuerpo orgánico y especifico de regulación de la materia cooperativa.

2. La evolución mundial de la legislación cooperativa

Siguiendo el planteo de Montolio (2011, pág. 232 y ss.) se puede hacer una primera gran división entre la situación de los países que carecieron durante muchos años de legislación cooperativa (mayoritariamente países de África y Asia), y otro conjunto de países (de Europa y América) que comenzaron a tenerla, en general, desde la segunda mitad del siglo XIX.

La legislación del segundo grupo en algunos casos fue especial y en otros se incluyó en los Códigos o en otras leyes de mayor ámbito. Así tenemos que hubo alguna regulación sobre las cooperativas, en América, en los Códigos de Comercio de Argentina (1882), México (1889), El Salvador (1904), Colombia (1912) y Panamá (1916); y, en Europa, en las leyes alemana de 1889 (continuadora de la Ley “Schulze” de 1867, ya citada), francesa y portuguesa (ya citadas) y en los Códigos de Comercio de Italia (1882) y España (1885).

A su vez, destaca Montolio que un caso señero es el de Venezuela porque “inaugura en el continente americano la técnica de la legislación especial” con la Ley de asociaciones cooperativas de 1910, tendencia que, en definitiva, se impondría: leyes de Chile (1925), Argentina (1926) y México (1927), y luego muchos otros países.

Por otro lado, en los países africanos y asiáticos, en general la legislación cooperativa fue impuesta por las metrópolis en época aún de colonización. De la British Colonial Office emanó el modelo de ley, en 1946, denominado “Model Co-operative Societies Ordinance”, el que fue implantado no sólo en aquellos países, sino también en algunos del Caribe y del Pacífico Sur. En India, por ejemplo, dio lugar a un importante desarrollo de cooperativas bajo el paternalismo estatal, reguladas por la llamada ley “Classical British-Indian Pattern of Co-operation”, experiencia que se proyectó al resto de países bajo su influencia. Algunos elementos de aquellos modelos fueron tomados, después, por las legislaciones nacionales, adaptándolos a las realidades locales (Tanzania en 1968, Zambia en 1970, Sudán en 1970 y actual de 1999 y Kenya en 1966 y actual de 1997).

También Francia adoptó una política similar a la británica. Así, en 1955 emitió un Decreto especial (modelo) dirigido a sus colonias con el fin de regular a las sociedades de ayuda mutua, tuteladas también por el Estado. Asimismo, muchas de sus disposiciones pasaron a los nuevos países tras la independencia, por cierto, con las adecuaciones de sus propias culturas (Senegal en 1960, Costa de Marfil en 1966 y Camerún en 1969).

Una sinopsis general acerca de la situación legislativa cooperativa surge de un informe de OIT citado por Reyes Lavega et al (2011, pág. 18):

a) una mayoría de países, que incluye entre tantos, a casi toda América Latina, Alemania, Costa de Marfil, España, Portugal, Hungría, India, Jordania y Kenia, que optaron por una ley general de cooperativas;

b) leyes concretas para tipos especiales de cooperativas, como en Etiopía, Rumania, Japón y hasta ese momento también Uruguay (luego, en 2008, se aprobó una ley general de cooperativas);

c) capítulos específicos dentro de una codificación más amplia: el Código Civil suizo, los Códigos de Comercio belga, checo o guineano, el Código Rural francés y la Ley de empresas neozelandesa;

d) disposiciones específicas para las cooperativas, dentro de una Ley organizativa más general (Reino Unido);

e) países que prácticamente carecen de legislación especial sobre cooperativas, como China, Dinamarca, Noruega y algunos estados de los Estados Unidos.

3. Las características y evolución de la legislación cooperativa en América Latina

Por su parte, en América Latina las primeras regulaciones acerca de cooperativas estuvieron comprendidas en los códigos de comercio de México y Argentina, y, con la excepción ya dicha de Venezuela, la mayoría de las leyes cooperativas latinoamericanas se emiten en la primera mitad del siglo XX y especialmente en el periodo comprendido entre las dos guerras mundiales: Chile (1925), Argentina (1926), Colombia (1931), Brasil (1932), Ecuador (1937) y México (1938). Por cierto que al día de hoy todas esas leyes han sido modernizadas y se han aprobado en todos los demás países americanos leyes regulatorias de las cooperativas.

Siguiendo las enseñanzas de Cracogna (1992, pág. 197) se puede decir que, en nuestro continente, han coexistido dos modelos o lineamientos de desarrollo cooperativo, aspectos que sin duda influyó en la oportunidad y contenido de la legislación cooperativa. En Argentina, Uruguay, Chile y en el sur de Brasil, las cooperativas surgieron a impulso de los inmigrantes europeos, a fines del siglo XIX y comienzos del XX; en estos casos las experiencias precedieron a la legislación. Por otro lado, en el resto de los países suramericanos (y también América Central, Caribe y resto del Brasil) el movimiento cooperativo nació fundamentalmente por impulso externo, tanto de gobiernos, como de iglesias, agencias internacionales y organizaciones no gubernamentales, y con eventual apoyo en la tradición indígena local (caso de los ejidos mexicanos); en estos casos, la legislación obró más que nada como un elemento de promoción y, en general, fue anterior al desarrollo de las experiencias concretas.

Sin dejar advertir sobre la existencia de una tendencia renovadora en los últimos años, y de acuerdo con Cracogna, se pueden anotar las principales características de los marcos normativos:

a) Principismo: respeto a los principios cooperativos universales proclamados y difundidos por la Alianza Cooperativa Internacional.

b) Reglamentarismo: muchas de las leyes regulan con exhaustividad los aspectos de organización, administración, económico-patrimoniales, etc.

c) Intervencionismo: a diferencia de las sociedades comerciales -a las que se deja actuar más libremente- en general las normas consagran para los organismos estatales facultades o potestades que implican un fuerte control desde el nacimiento (fundación) hasta la eventual muerte (disolución y liquidación) de las cooperativas, y por supuesto durante el funcionamiento de las mismas. Esta intervención estatal se fundamenta, sobre todo, en las definiciones programáticas que implican el apoyo estatal para la promoción y el desarrollo de las cooperativas, aunque no siempre las mismas tienen un correlato en políticas públicas y dispositivos concretos tendientes a hacer efectivo tal desarrollo.

d) Paternalismo: resulta como consecuencia de las características precitadas (doctrinarismo, reglamentarismo, intervencionismo). Este carácter puede resultar positivo desde cierto punto de vista (apoyos, apuntalamientos, etc.), pero en algunos casos puede resultar un freno para el desarrollo de las cooperativas.

e) Aplicación de otras normas: en ocasiones las leyes regulatorias de determinadas actividades resultan limitativas para el desarrollo de las cooperativas e, incluso, en algún caso, se impide la utilización de la forma jurídica cooperativa (los ejemplos más comunes son las actividades financieras o de seguros)

Como adelantamos, se puede considerar la existencia de una tendencia renovadora a partir, sobre todo, de las resultancias de los Congresos de Derecho Cooperativo realizados en 1966 (Mérida, Venezuela), 1976 (San Juan, Puerto Rico), 1986 (Rosario, Argentina) y 1992 (Brasilia, Brasil). Y, a nuestro juicio, se aprecia claramente esa tendencia en la “Ley Marco para las cooperativas de América Latina”.

Se trata de un texto aprobado, en 1988, en Bogotá, por la Organización de Cooperativas de América (OCA), a fin de que sirviera de orientación para la actualización de las leyes en la materia, el que habiendo sido apoyado más adelante por la ACI-Américas, en 2008 se aprobó su adecuación, teniendo en cuenta, sobre todo, el contenido de la Declaración de Identidad aprobada, en 1995, en Manchester, en el Congreso del Centenario de la Alianza Cooperativa Internacional, y las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Las principales características de la “Ley Marco” son las siguientes: (i) procura un equilibrio “doctrinario-empresarial”; (ii) reconoce al “sector cooperativo” y al “acto cooperativo”; (iii) es una norma general para todos los tipos de cooperativas, aunque sugiere algunas disposiciones para algunos de ellos (trabajo asociado, crédito, escolares, vivienda); (iv) no es reglamentarista, sino que deja varios aspectos para la regulación en los Estatutos; (v) asume los principios de identidad cooperativa: voto único por socio, limites a los intereses de las aportaciones, irrepartibilidad de reservas; (vi) permite operaciones con terceros, sujetando sus resultados a un régimen separado; (vii) prevé asociación con empresas de otra naturaleza, pero prohíbe la transformación; (viii) abre la financiación a entidades sin ánimo de lucro, organismos cooperativos o de gobierno, pero sin conceder más del 30% de los derechos políticos; (ix) mantiene la estructura ordinaria de los órganos sociales; (x) propone integración de cooperativas en órganos superiores; e (xi) impulsa la revisión judicial de las decisiones de la Autoridad de Aplicación.

Ahora bien, en América Latina domina la “lex specialis”, o sea, una regulación propia para las cooperativas, y es, a la vez, casi mayoritario el criterio de “ley única”, o sea, que toda la regulación (o casi toda) está contenida en una sola ley general. A vía de ejemplo, mencionemos la existencia de leyes generales en: Argentina (1926, 1973), Brasil (1971), Costa Rica (1982), Perú (1990), México (1994, 2001), Paraguay (1994), Puerto Rico (1994), Panamá (1997), Venezuela (2001), Chile (2003), Nicaragua (2004), Uruguay (2008) y Bolivia (2013).

También es del caso citar, en nuestro continente, la acogida a disposiciones programáticas referidas a la promoción de la cuestión cooperativa y, en algunos casos, también a otras formas de la Economía Social y Solidaria, que han tenido las Constituciones Nacionales de algunos países. En efecto, hay claras referencias (más o menos extensas) en las Constituciones de México, Cuba, Brasil, Colombia, Venezuela, Paraguay, Perú, Honduras, Costa Rica, etc. Y dentro del denominado “nuevo constitucionalismo” suramericano, es de señalar la amplia receptividad a diversas formas de la Economía Solidaria que tienen las últimas constituciones de Venezuela, Ecuador y Bolivia. En cuanto a la profusión de conceptos acerca de la materia cooperativa, es indudable que una de las más explicitas es la Carta Magna brasileña de 1988, en la que se recoge incluso la específica relación jurídica que se da en el ámbito cooperativo: el acto cooperativo.

4. Las características y evolución de la legislación cooperativa en Europa

Según Montolio (ob. cit.), en Europa también impera la técnica de la “lex specialis”, pero, a diferencia de América Latina, los casos de países con “leyes únicas” constituyen excepciones, “frente a un abrumador panorama de extrema fragmentación”.

Por ejemplo, en Francia e Italia existen diversas normas dedicadas a cada tipo de cooperativa (cooperativas, agrarias, de vivienda, de vivienda pero para alquiler a precio moderado, de crédito, de trabajo asociado, pequeñas cooperativas, etc.), y las regulaciones más bien generales se encuentran en el Estatuto de la cooperación (1947) en el caso de Francia y de la «Ley Basevi» (también de 1947) en el caso de Italia.

En cuanto a la calificación sobre su naturaleza jurídica, hay también variedad en el espectro europeo: sociedades mercantiles (Alemania, Bélgica, Luxemburgo), entidades civiles o asociaciones (Italia, Holanda), mutuales y en parte “sui generis” (Reino Unido).

En España se da la gran peculiaridad de tener, por un lado, una ley estatal sobre cooperativas (1999), y, por otro lado, otras quince leyes de cooperativas en otras tantas Comunidades Autónomas.

Del estudio de la legislación europea se desprende que, en general, hay un acercamiento entre el régimen legislativo cooperativo y el de las sociedades comerciales (sociedades anónimas, en comandita, etc.). Las mayores similitudes de institutos jurídicos cooperativos e institutos jurídicos mercantiles se aprecia, más que nada, en la reforma legislativa alemana de 1973 y en las leyes de modernización francesa e italiana de 1992, y refieren a : (i) mayor abanico de instrumentos financieros y admisión de socios no usuarios (partes sociales con interés preferencial, certificados cooperativos de inversión, acciones de participación cooperativas; negociables y adquiribles por socios o no socios) (limites en los derechos políticos: 1/3, un 35% del capital, etc.); (ii) aceptación del voto ponderado en ciertos casos (sobre todo en segundo o más grados); (iii) aceptación de las operaciones con terceros (la prohibición solo existía para las cooperativas de crédito); e (iv) incremento de las facultades de los administradores, con permanente vigilancia de la Comisión Fiscal (Junta de Vigilancia).

Finalmente, en orden a la recepción que el fenómeno cooperativo ha tenido en las Constituciones europeas, corresponde mencionar que la primera referencia se hizo en la denominada Constitución de Weimar (Alemania, 1919). Así, en el art. 156 se hacía eco de varias manifestaciones de “economía colectiva”, y disponía en su último inciso que “Las cooperativas y sus federaciones, si lo instaren, se integrarán en la economía colectiva, quedando respetadas su organización y características”.

Hoy en día, se encuentra referencia a la importancia del desarrollo cooperativo en algunas Constituciones, tales como las de Portugal, España e Italia. Así, en la de Portugal se consigna, entre otras cosas, que “El Estado deberá fomentar la creación y el funcionamiento de cooperativas” (art. 84); de la española se desprende que se “promoverán las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas, y establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción” (art. 129); y en la Constitución de Italia se “reconoce la función social de la cooperación con caracteres mutualistas y sin finalidad de especulación privada. La ley promoverá y favorecerá el incremento de la misma con los medios más adecuados y asegurará, a través de los controles oportunos, su carácter y sus finalidades” (art. 45).

5. Las disposiciones internacionales en materia cooperativa

Dadas la expansión y relevancia mundial del cooperativismo, resulta lógico que organismos internacionales, tales como la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se ocupen de él. Y en tal sentido han emitido en los últimos años algunas recomendaciones y/o normas supranacionales que van conformando, dicho de manera muy genérica, el “derecho cooperativo internacional”.

En tal sentido, cabe mencionar las Resoluciones de la ONU: 51/58 de 1996 y 56/114 de 2001, sobre las cooperativas en el desarrollo social, conteniendo la última citada, entre otros aspectos, la recomendación a los gobiernos a “crear entornos propicios y favorables al desarrollo de las cooperativas”, y a elaborar programas “para promover y fortalecer la educación de los miembros, los dirigentes elegidos y los cuadros administrativos y profesionales de las cooperativas”.

Y el instrumento de carácter internacional más completo lo constituye la Recomendación N° 193 sobre la Promoción de las Cooperativas (en adelante R. 193), adoptada en sesión plenaria de la 90ª Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el 20 de junio de 2002, por 436 votos, 0 voto en contra y 3 abstenciones.

Es pertinente recordar que la OIT es el organismo internacional, de estructura tripartita (gobiernos, trabajadores, empleadores), cuyos principales objetivos son: “fomentar los derechos laborales, ampliar las oportunidades de acceder a un empleo decente, mejorar la protección social y fortalecer el diálogo al abordar temas relacionados con el trabajo.”

El texto de la R. 193 comienza con una introducción en la que se reconoce la importancia de las cooperativas para la creación de empleos, la movilización de recursos y la generación de inversiones, así como su contribución a la economía, y que en sus diversas formas, promueven la más completa participación de toda la población en el desarrollo económico y social. Recuerda el principio contenido en la Declaración de Filadelfia, según el cual "el trabajo no es una mercancía".

A continuación, el contenido propiamente de la R. 193 se desarrolla a lo largo de 6 capítulos, de acuerdo al siguiente detalle: I) Ámbito de aplicación, definición y objetivos, II) Marco político y papel de los gobiernos, III) Aplicación de las políticas públicas de promoción de las cooperativas, IV) Papel de las organizaciones de empleadores y de trabajadores y de las organizaciones cooperativas, y relaciones entre ellas, V) Cooperación internacional y VI) Disposición Final, la que dispone agregar como Anexo un extracto de la Declaración sobre la identidad de las cooperativas de la ACI.

La R. 193 -de lectura imprescindible- constituye un catalogo muy completo sobre lo que debiera ser el accionar de gobiernos, trabajadores, empresarios y agentes de cooperación internacional, para facilitar el desarrollo de las formas cooperativas. Se destacan seguidamente algunos de sus recomendaciones o propuestas:

“adoptar medidas para promover el potencial de las cooperativas;”
“desarrollar su potencial económico, incluidas sus capacidades empresariales y de gestión;”
“establecer un marco institucional que permita proceder al registro de las cooperativas de la manera más rápida, sencilla, económica y eficaz posible;”
“promover políticas destinadas a permitir la creación de reservas apropiadas, que en parte por lo menos podrían ser indivisibles, así como fondos de solidaridad en las cooperativas;”
“prever la adopción de medidas de supervisión de las cooperativas acordes con su naturaleza y funciones, que respeten su autonomía y sean conformes con la legislación y la práctica nacionales y no menos favorables que las medidas aplicables a otras formas de empresa y de organización social;”
“adoptar una legislación y una reglamentación específicas en materia de cooperativas, inspiradas en los valores y principios cooperativos”

Las propuestas están dirigidas a gobiernos, organizaciones de empleadores, sindicatos de trabajadores y agentes de la cooperación internacional, sin duda a partir de la influencia de lo que es la estructura tripartita de la OIT (trabajadores, empresarios y gobiernos).

En lo atinente a las definiciones sobre las cooperativas no cabe duda que se adoptó la mejor solución: se recurrió a las que el propio movimiento cooperativo internacional se ha dado. Así, en su definición de cooperativa se toma plenamente la la formulación de la ACI y también sus principios.

En punto a la actualización de las legislaciones cooperativas no hay duda de que la R. 193 contiene una serie de definiciones muy claras y contundentes, por lo cual constituye un instrumento de uso y referencia ineludible.

Finalmente, cabe señalar que sustituyó a la Resolución 127 del año 1966, que también refería a las cooperativas pero solo estaba dirigida a los “países en vías de desarrollo”. De este modo, se reconoce que la forma cooperativa de organizarse es útil y valida en todos los países.

6. La Reunión Especializada de Cooperativas del Mercosur (RECM) y el Estatuto de las “Cooperativas del Mercosur”

Si bien se trata de un bloque o acuerdo regional, es digno de mención el avance ocurrido en materia cooperativa en el ámbito del MERCOSUR (integrado por Argentina, Brasil, Paraguay, Venezuela y Uruguay, y en proceso de ingreso Bolivia; y como países asociados Chile, Colombia, Perú y Ecuador).

El 10 de octubre de 2001 fue creada la “Reunión Especializada de Cooperativas” (RECM), integrada por representantes gubernamentales (pertenecientes a los organismos especializados en la materia) y por los representantes de las máximas organizaciones nacionales de integración del movimiento cooperativo de cada país, siendo sus cometidos: 1) analizar y desarrollar proyectos en esa área, especialmente en lo referente a la armonización de aspectos legislativos; 2) la complementación de actividades productivas y/o de servicios; y 3) la armonización de políticas públicas del sector cooperativo y la promoción de la libertad de circulación e instalación de las cooperativas en la región.

En lo atinente al aspecto jurídico se han realizado estudios comparativos y publicaciones muy completas acerca de los regímenes legales cooperativos de todos los países del Mercosur (incluyendo a los asociados), de sus regímenes tributarios y también sobre el conjunto de las políticas públicas relativas a este sector de la economía. Asimismo, ha abordado lo atinente a la libertad de establecimiento para facilitar la complementación de las cooperativas, sobre todo en las zonas fronterizas.

Como un avance muy importante corresponde mencionar el Estatuto de las “Cooperativas del Mercosur”, que fue creado con la intención de dotar de un marco (estatuto) jurídico que permitiese funcionar emprendimientos cooperativos transfronterizos. Es decir, que pudiesen contar con socios de dos o más países del Mercosur, y pudiendo así cumplir con su objeto social en todos esos Estados. En el del Derecho Comparado se encuentra como antecedente el Estatuto de la Sociedad Cooperativa Europea -SCE- aprobado en 2003, en el ámbito de la Unión Europea.

El Estatuto no es un cuerpo autónomo de normas, sino que está concebido de tal modo que pueda ser incorporado a las legislaciones nacionales, y contiene solo las normas indispensables para caracterizar a las “Cooperativas del Mercosur”. Estas mismas deben integrar a su denominación social la antedicha expresión y quedan sujetas al régimen jurídico de la legislación nacional donde se constituyan, o sea, en relación con las “disposiciones comunes que rigen a las cooperativas en cuanto a su constitución, registro, funcionamiento, supervisión, disolución y liquidación” (art. 3 del Estatuto). Resultan condiciones fundamentales que más del 50% del capital social y de los socios correspondan al país donde se constituya la cooperativa (art. 1 del Estatuto), al punto de que la falta de cumplimiento de estas condiciones constituye causal de disolución. Asimismo, se establece que todos los asociados, cualquiera fuera su domicilio, tendrán los mismos derechos y obligaciones sociales, y, a tal efecto, se prescribe que el estatuto debe prever el régimen de participación de los socios domiciliados en otros Estados Partes (art. 2).

Pueden constituirse como “Cooperativas del Mercosur” desde su origen, o también pueden nacer a partir de cooperativas que ya existan en cualquiera de los países -o sea, que se transformen en aquellas-, debiendo realizar para ello la correspondiente reforma del estatuto, la cual debe ser resuelta por la asamblea mediante una mayoría de por lo menos dos tercios de sus asociados presentes.

En cuanto a la solución de conflictos, el Estatuto dispone la competencia de la autoridad administrativa o judicial del lugar del domicilio de la cooperativa, conforme establezca la legislación respectiva, en coherencia con la aplicación del régimen común, tal como se dijo.

Ahora bien, dada la estructura organizacional del Mercosur y la falta de potestad legislativa obligatoria supranacional de sus órganos, se entendió que la forma práctica consistía en incorporar dentro de las legislaciones cooperativas de los Estados Partes -mediante los procedimientos legislativos propios de cada uno de ellos- un capítulo especial dedicado a dichas “cooperativas del Mercosur”. Así, en 2006 el Parlamento mercosuriano aprobó el citado Estatuto, fundamentándose, entre otras cosas, en que el mismo daría la posibilidad de aprovechar “la capacidad económica, financiera o tecnológica de las cooperativas primarias.”, y recomendó a los Estados miembros su aprobación a través de los mecanismos nacionales correspondientes, siendo hasta el momento Uruguay el único país que lo aprobó, por medio de la Ley N° 18.723 de 31/10/2010.

7. El Congreso Continental de Derecho Cooperativo

En el marco legislativo y regulatorio referido en el presente artículo, se realiza próximamente el Congreso Continental de Derecho Cooperativo, del 8 al 10 de octubre, en Guarujá, San Pablo, Brasil.

Sin duda que se tratará de un hito muy relevante en el camino hacia la consolidación del Derecho Cooperativo en el continente americano.

Seguramente se realizarán en ese ámbito los intercambios sobre las realidades concretas y la evolución del cooperativismo en los diversos países, y se analizará si los institutos jurídicos cooperativos acompasan dicha evolución, así como si se ha asentado la tendencia renovadora -antes comentada- del Derecho Cooperativo en el continente.

En el evento participarán y expondrán los juristas más reconocidos tanto de América como de Europa, por lo cual también constituirá una instancia para “confrontar” los desarrollos jurídicos en la materia de uno y otro continente.

Particularmente, el Congreso se desarrollará teniendo como ejes los siguientes temas:

1. Ley Marco para las Cooperativas de América Latina. Derecho Cooperativo Comparado. Tendencias actuales de la legislación cooperativa continental. El Estatuto de las Cooperativas del Mercosur. Las cooperativas en las constituciones.
2. Tributación Cooperativa.
3. Capital y financiamiento cooperativo.
4. El acto cooperativo y la defensa del consumidor.
5. Las cooperativas de trabajo asociado.
6. Supervisión estatal de las cooperativas.

Se tratará así de retomar la senda marcada, entre otros, por los Congresos de Mérida (Venezuela), de San Juan (Puerto Rico), de Rosario (Argentina) y de Brasilia (Brasil), que tanto aportaron en la consolidación de los principios cooperativos como verdaderos principios jurídicos, del acto cooperativo y del propio Derecho Cooperativo. Asimismo, es lógico suponer que las conclusiones y elaboraciones que surjan del próximo Congreso serán muy importantes para la reafirmación de las empresas cooperativas como una forma de organización con caracteres propios y, a la vez, como instrumentos para una más equitativa distribución de la riqueza y afirmación de las formas participativas y democráticas, y por ello, merecedoras de estructuras estatales institucionales, políticas públicas y tratamientos jurídicos especializados en los diversos países.

Bibliografía citada

Dabormida, R., “Derecho cooperativo europeo y ordenamiento comunitario: ¿Hacia la armonización o la uniformación de las legislaciones en el seno de la CEE? Revista CIRIEC España, N° 7, 1989.

Cracogna, Dante, “Problemas actuales del Derecho Cooperativo”, Intercoop, Buenos Aires, 1992.

Cracogna, Dante, Boletín de la Asociación Internacional de Derecho Cooperativo, “El Estatuto de las Cooperativas del Mercosur”, Universidad de Deusto, Bilbao, 2009.

Montolio, José María, Boletín de la Asociación Internacional de Derecho Cooperativo, “Legislación cooperativa mundial. Tendencia y perspectivas en América Latina”, Universidad de Deusto, Bilbao, 2011.

Reyes Lavega, Sergio; Lamenza, Alfredo; Gutiérrez, Danilo; y Machado, Jorge; “Derecho Cooperativo Uruguayo”, FCU, Montevideo, 2011.

*El autor es uruguayo. Abogado-Escribano, con postgrado en dirección de empresas. Asesor de cooperativas. Coautor de obras de Derecho Cooperativo. Fue durante muchos años dirigente de cooperativas. Integró el organismo estatal asesor en la materia y participó activamente en la formulación y aprobación del nuevo marco jurídico cooperativo de su país.

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