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Modificaciones tributarias podrían afectar negativamente a las cooperativas de Puerto Rico

25 de agosto de 2013

La expansión del Impuesto a la Venta y Uso (IVU), el impuesto sobre la venta bruta conocido como la patente nacional y hasta la sobretasa a las primas de seguros tendrá efectos devastadores en el movimiento cooperativo de Puerto Rico, aseguraron dos líderes de ese sector.

Según los participantes de un foro coordinado por el Colegio de Contadores Públicos Autorizados, las nuevas imposiciones se van a traducir en un alza en los precios de productos y servicios que ofrecen las cooperativas e incluso puede estar en juego, el pago a dividendos a miles de accionistas cooperativos.

“Se estima que vamos a estar pagando $7 millones. Para muchas cooperativas esto puede ser letal”, dijo Irma Torres Suárez, asesora legal para la Liga de Cooperativas, quien reiteró la oposición de la organización a las medidas y clamó porque se trate de un evento "temporal".

Según el presidente del Banco Cooperativo, Ángel Sáez, la confusión en torno a la Ley 40 supone un elemento de incertidumbre para el sector y todas las empresas en general, pero sobre todo, implica un costo de implementación nuevo para las cooperativas que podría ponerle en aprietos.

En ese sentido, el presidente del Colegio de Contadores Públicos Autorizados, Kenneth Rivera Robles, explicó que el sector cooperativo experimenta ahora el cambio de cultura operacional que experimentó el resto del sector privado cuando se aprobó el IVU en el 2006.

Así las cosas, las cooperativas tendrán que invertir ahora en reprogramar o adoptar nuevos sistemas para cumplir con el pago del IVU, pero también tendrán que hacer otros ajustes como examinar el impacto que tendrá la llamada patente nacional en sus clientes comerciales.

En la medida en que el impuesto sobre la venta bruta pueda colocar en pérdidas o en aprietos a los negocios, estos a su vez, tendrán menos capacidad para pagar sus líneas de crédito o préstamos, tanto a los bancos como a las cooperativas, lo que obligará a revalorar las carteras de préstamos.

Sáez aceptó que la expansión del IVU al sector cooperativo, en parte, se produjo luego de que ciertas cooperativas dieron mal uso a la exención que tenían.

Durante el proceso que dio paso a la reforma contributiva del 2010 y nuevamente, este año, el Departamento de Hacienda constató que ciertas cooperativas utilizaban el certificado de exención del IVU para todas las compras que efectuaba, aunque muchos de los equipos y artículos eran para uso de la cooperativa y no para reventa.

Como parte de la exención del pago de impuestos, también se identificó que algunas cooperativas compraban vehículos de motor para uso o como parte de la compensación de los ejecutivos sin pagar los arbitrios correspondientes.

“Esto (la Ley 40) va a tener un efecto en las operaciones de las cooperativas. Van a tener que trabajar su eficiencia para evitar que se afecten las ganancias y hasta donde puedan hacer ajustes para poder mantener el mismo nivel de dividendos que han pagado recientemente”, explicó Sáez a preguntas de El Nuevo Día.

El pago de dividendos es una de las herramientas que han utilizado las cooperativas por años para aumentar su base de depósitos y el número de socios. Con esa estrategia como gancho, las cooperativas ofrecen tasas de intereses más bajas al establecer que como requisito para obtener el financiamiento, el consumidor aporte una cantidad del pago en acciones o deposite dinero en la partida de acciones de sus cuentas.

“Si la economía se reduce, los dividendos también se van a afectar. Aquellas cooperativas finitas, que terminen apenas en punto de equilibrio o en pérdidas no van a pagar dividendos o tratarán de pasar el costo a los clientes”, puntualizó por su parte el contador Fernando Llavona, quien principalmente asesora a cooperativas.

Antes de la Ley de Emergencia Fiscal, aprobada en el 2009 y que impuso una tasa especial de 5% a las cooperativas, este sector no pagaba un sólo dólar en impuestos, salvo corporaciones subsidiarias de algunas de estas. El sector ha recibido ese tratamiento preferencial desde 1946, según la Liga de Cooperativas, porque se trata de organizaciones que aportan al bienestar social.

Fuente: El Nuevo Dïa

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