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Pronunciamiento de la Asamblea General de Ascoop frente a la intervención de SaludCoop

12 de julio de 2012

La Asamblea General de la Asociación Colombiana de Cooperativas emite este pronunciamiento, a través del cual exige al Gobierno Nacional que se adopten las decisiones pertinentes para que SaludCoop EPS retorne a manos de las 23 cooperativas y entidades sin ánimo de lucro a las que pertenece. Además, como se afirma en el pronunciamiento, es trascendental este tema ya que “Las cooperativas son empresas legítimas, basadas en valores y principios, que desarrollan una actividad social y económica para resolver las necesidades y aspiraciones de las personas”.

SaludCoop EPS es una de las empresas cooperativas más grandes del país y hace parte importante de nuestra organización y del movimiento cooperativo colombiano. Surge en 1993 mediante un acto de “Cooperación entre cooperativas”; conformado por 39 entidades, 33 de ellas cooperativas y 6 fundaciones de carácter académico y social. Razón por la cual Ascoop considera fundamental que sea tenida en cuenta su importancia, desde los principios cooperativos que la rigen. Ascoop en el pronunciamiento afirma que SaludCoop surge “Bajo el marco de la Ley 79 de 1988 (Ley Cooperativa) y de la Ley 100 de 1993 (Ley de Seguridad Social), como una empresa cooperativa de segundo grado y de carácter social, SaludCoop EPS, que surge con un claro propósito de servicio basado en la solidaridad”. Por otro lado, es importante resaltar que los efectos de la intervención de SaludCoop EPS repercuten en las cooperativas y entidades que son sus propietarias, en los asociados de éstas y en todo el movimiento cooperativo nacional.

Por esta razón, Ascoop exige al Gobierno Nacional que se adopten las medidas pertinentes, de forma breve y dentro del debido proceso, de manera transparente y objetiva; garantizando la sostenibilidad empresarial, económica y operacional de SaludCoop EPS. Para lo cual propone que se desarrolle un plan de acción del cual hagan parte el gobierno, las cooperativas, las entidades dueñas de la EPS cooperativa y los usuarios del servicio; con un acompañamiento de la sociedad civil y los organismos de control, que garanticen la transparencia del proceso. Por último se afirma en el pronunciamiento que “El Gobierno Nacional deberá garantizar la viabilidad y sostenibilidad de la empresa cooperativa, respetar la naturaleza cooperativa de la misma, proteger el patrimonio colectivo y de propiedad conjunta construida durante la vida de la cooperativa, mejorar y sostener los estándares de calidad en la atención a los usuarios y la calidad del servicio”.

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