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Senado de Puerto Rico aprueba nueva normativa para atenuar los efectos del default sobre las cooperativas

13 de octubre de 2015

El Senado le dio paso este martes a un proyecto de ley que establece nuevas normas de contabilidad para las cooperativas de ahorro y crédito respecto a las inversiones que estas instituciones hayan realizado en bonos, valores y otros instrumentos de deuda del gobierno de Puerto Rico.

El Proyecto del Senado 1454, aprobado solo con la oposición de la senadora novoprogresista Margarita Nolasco, busca darles un respiro a las cooperativas de ahorro y crédito cuya estabilidad financiera hoy está amenazada debido a la pérdida de valor de los bonos del gobierno luego de las múltiples degradaciones que ha sufrido su crédito desde el año pasado y al efecto que tuvo en el mercado de capital los comentarios del gobernador Alejandro García Padilla respecto a la necesidad de renegociar la deuda pública.

La medida, suscrita por toda la delegación del Partido Popular Democrático (PPD), propone conferirle un trato contable particular a las inversiones especiales, como se definen aquellas que hicieron las cooperativas en instrumentos de deuda del gobierno, y a esos fines aclara que serán consideradas inversiones permitidas independientemente de lo que dispongan los reglamentos de la Corporación para la Supervisión y Seguro de las Cooperativas (Cossec), ente gubernamental encargado de fiscalizar y regular a este sector.

“Se ha dicho en los medios que esto es un toallazo al movimiento cooperativo. A esos, les digo que están completamente enajenados a la realidad. Toallazo fue el que le dio el movimiento cooperativo al gobierno el pasado cuatrienio cuando fue inducido por Cossec a comprar esos bonos”, manifestó el senador Gilberto Rodríguez Valle, presidente de la Comisión senatorial de Cooperativismo, Pequeñas y Medianas Empresas y Microempresas, que evaluó el proyecto.

Según datos de Cossec, durante los pasados cinco años, las cooperativas de ahorro y crédito compraron sobre $1,500 millones en bonos del gobierno de Puerto Rico, y ahora esos activos son considerados de alto riesgo y han perdido, en algunos casos, cerca de la mitad de su valor.

La pieza fue rechazada por la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) y por el Colegio de Contadores Públicos Autorizados (CCPA), entre otras cosas, porque se aparta de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (GAAP, en inglés) en Estados Unidos.

“Este proyecto no tiene el propósito de maquillar los estados financieros ni engañar a los socios de las cooperativas. Las normas contables adoptadas en nada afectan a otros sectores u otras instituciones financieras”, dijo Rodríguez Valle durante su turno de debate en referencia a las críticas que se han hecho en contra de la legislación.

“La utilización de normas diferentes a las GAAP no implicaría un riesgo, no es la primera ocasión que los estados financieros de las cooperativas se mantienen de manera diferente al GAAP”, subrayó el legislador.

El senador Aníbal José Torres, portavoz de la mayoría del PPD en el Alto Cuerpo, también censuró los señalamientos públicos que se han hecho en contra del trato especial que se busca para el movimiento cooperativista, y resaltó que otros sectores financieros, como la banca y las aseguradoras han recibido un trato preferente en situaciones de crisis sin que las cooperativas hayan mostrado algún tipo de resistencia por esas concesiones.

“Lo mismo que buscan las cooperativas se les dio a las aseguradoras, y no escuché al CCPA traer planteamientos y preocupaciones sobre la posible violación de los principios de contabilidad generalmente aceptados. Ahora escucho preocupaciones sobre lo que pretende este proyecto. Según hicieron los bancos y las aseguradoras, les corresponde a esos contables, a los auditores, establecer el mecanismo necesario para que, en su informe, plasmar en una nota el trato preferencial que se está dando. Eso no es nuevo, se ha hecho anteriormente”, dijo Torres, quien fue aplaudido por representantes del sector cooperativista que observaron los trabajos del Senado desde las gradas del hemiciclo.

Según el tratamiento contable que establece el proyecto, las inversiones especiales serán registradas en los libros contables de cada cooperativa al costo amortizado de los mismos, es decir el monto pagado al realizarse la inversión, más lo costos incidentales en la adquisición de esos valores, y no se tomará en cuenta su valor en el mercado, independientemente de su clasificación.

“En virtud de esta norma de contabilidad, los libros contables y los estados financieros de cada cooperativa no reflejarán pérdidas no realizadas respecto a las inversiones especiales”, indica la pieza.

Cualquier pérdida atribuible a las inversiones especiales, será objeto de amortización en un período de hasta 15 años o al vencimiento de la pérdida, lo que sea menor.

Asimismo, la medida dispone que, mientras la cooperativa de ahorro y crédito mantenga pérdidas bajo amortización especial, tendrá que establecer una reserva temporal de 10% de la pérdida no realizada de las inversiones especiales en aras de garantizar su liquidez.

El Senado enmendó la medida para disponer que, además de la reserva temporal especial, se limitan las facultades de Cossec para emitir cualquier determinación administrativa que autorice distribuciones de sobrantes mayores a las dispuestas por la legislación.

El proyecto de ley pasará ahora ante la consideración de la Cámara de Representantes, por lo que el presidente senatorial, Eduardo Bhatia, solicitó este martes al cuerpo hermano que lo atienda con premura.

Fuente: El Nuevo Día

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