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Uruguay: cooperativas ven su futuro comprometido por bancarización

31 de octubre de 2013

Más de 75 cooperativas de ahorro y crédito estiman que su futuro está comprometido por el proyecto de ley de inclusión financiera. La presidenta del Centro Cooperativista Uruguayo, Graciela Fernández dijo que el movimiento cooperativo "respeta la inclusión social", pero entiende que el proyecto de ley de inclusión financiera que el gobierno remitió al Parlamento debió "haber respetado la identidad cooperativa" y no ponerla "al mismo nivel que la banca".

Uno de los beneficios con los que hoy cuentan es retener la cuota de sus préstamos en el sueldo de los trabajadores. Esta facilidad es extendida a los bancos en el proyecto. "Esa prioridad desaparece", remarcó.

"Ese criterio de que todos quedamos en igualdad de condiciones para mantener una mayor competencia en el mercado nos está afectando", señaló Fernández, quien recordó que fueron las cooperativas y no la banca las que ofrecieron facilidades de financiamiento cuando durante la última crisis económica los bancos no prestaban a quienes tenían malos antecedentes crediticios.

"Hace más de 50 años que somos un sistema de inclusión financiera para la población que no podía ir a la banca. No puede ser que hoy le den los mismo privilegios a la banca", reclamó la vocera.

Fernández se refirió al cambio de reglas en los topes de intereses que generará el proyecto, lo que "crea problemas" en el capital social de las cooperativas. "El monto de dinero que está en las cooperativas es de los socios que las conforman. Si hay problemas y no vamos a poder cumplir con las obligaciones que tenemos asumidas no vamos a poder recuperar el crédito, no vamos a poder competir... vamos a desaparecer del mercado", aseguró Fernández.

Por otra parte, expresó su malestar por la forma en que el Ministerio de Economía elaboró la nueva norma. "No hubo un diálogo para presentar el proyecto con el movimiento cooperativo", dijo. Sostuvo que el gobierno trabajó con los bancos y luego al cooperativismo "se le dieron 48 horas para contestar este proyecto".

Existen más de 75 cooperativas de ahorro y crédito. Si se suman las de consumo, el total asciende a 150 y son más de 3.500 los funcionarios que dicen ser afectados por la iniciativa. El sector se rige actualmente por la ley 18.407 y nuclea a más de 300.000 operaciones de crédito y US$ 300 millones de capital que son propiedad de sus más de 600.000 socios.

Fernández dijo que el movimiento cooperativista está trabajando para que en el Parlamento se tengan en cuenta sus reivindicaciones. "El movimiento cooperativo está trabajando, enviando explicaciones a las distintas bancadas de legisladores y pidiendo reuniones a algunos ministros. Pienso que la semana que viene puede haber reuniones por este tema", estimó.

Fuente: El País

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