Encargados de organismos de promoción, parlamentarios y funcionarios de organismos internacionales intercambiaron visiones sobre cómo aumentar la incidencia y mejorar el trabajo en conjunto entre las organizaciones sectoriales y los poderes públicos en cada país y a nivel regional.
Bajo el título Incidencia y Políticas Públicas para el Impacto Cooperativo en la Economía Real, este panel de la 23° Conferencia Regional dio la palabra a distintos exponentes para expresar su punto de vista a la hora de pensar los mejores caminos hacia la construcción de marcos normativos y gubernamentales que favorezcan el desarrollo del modelo cooperativo.
En ese sentido habló Martín Fernández Aizcorbe, presidente del Instituto Nacional del Cooperativismo (Inacoop) de Uruguay y al frente actualmente de la Red de Organismos de Promoción que impulsamos desde Cooperativas de las Américas.
“Políticas públicas es una expresión que se repite en distintos paneles de esta Conferencia y es razonable. Esto es necesario y por eso queremos reforzar el vínculo de las organizaciones cooperativas con los Estados”, subrayó. “Los Estados deben impulsar al cooperativismo y a nosotros, como cooperativistas, nos toca también expresar al sector ante otras áreas del Estado.”
Fernández Aizcorbe resaltó “el compromiso con la comunidad y la resiliencia de las cooperativas durante la emergencia sanitaria, sobre todo con la generación y formalización de empleo, que sigue siendo sostenida”.
En adelante, planteó la necesidad de trabajar en la capacitación, el financiamiento y la comunicación estratégica del sector. Además, anunció la posibilidad concreta de capacitar a parlamentarios latinoamericanos, a partir de una inquietud planteada hace algún tiempo por la presidenta de Cooperativas de las Américas, Graciela Fernández Quintas.
En este panel hubo dos representantes de Brasil que completaron el panorama de incidencia y trabajo conjunto por el lado de las organizaciones cooperativas y del Poder Legislativo. Tania Zanella, superintendente del Sistema OCB, mostró el impacto económico y social del sector en su país, donde hay más de 4.6 mil cooperativas con 20 millones de asociados.
Este volumen organizacional se transforma en incidencia directa sobre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, tal como lo demostró por su lado la diputada Geovânia de Sá, integrante del Frente Parlamentario Cooperativista.
El FrenCoop es el tercero en magnitud de los 257 frentes parlamentarios que existen en el Congreso brasileño. Está integrado por 325 parlamentarios de distintas fuerzas políticas que se unen en defensa de los intereses del cooperativismo.
Acerca de cómo lograr ecosistemas favorables para lograr este tipo de impactos en ámbitos institucionales habló Cynthia Giagnocavo, quien lidera el Comité de Investigación de la ACI.
Este espacio busca ser un puente entre la investigación académica y el trabajo de las organizaciones del sector cooperativo, por lo cual se vuelve fundamental contar con sus aportes.
En relación con la temática del panel, Giagnocavo enumeró a marcos políticos y normativos adecuados, cultura de apoyo, mercados y sistemas de recursos, apoyo a los agentes cooperativos, redes y colaboraciones como elementos clave a la hora de construir ecosistemas favorables a las cooperativas.
Como representantes de poderes legislativos, estuvo también Juan Carlos Moreno, diputado del Parlatino y representante de Paysandú, primera capital nacional del cooperativismo en Uruguay.
Moreno contó acerca de una ley modelo para América Latina y el Caribe, ya con aprobación de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, que va a permitir fortalecer a las cooperativas agroalimentarias.
En este proyecto aportó la oficina regional de la FAO, que también fue de la partida en nuestra Conferencia a través de su representante Ignacio Moncayo. “Las cooperativas son indispensables para los sistemas agroalimentarios, que están híper concentrados”.
Moncayo opinó que la co-construcción de esta ley modelo en el Parlatino es una contribución para revertir “paradojas como que América Latina tiene la inflación en alimentos más alta del mundo siendo la principal región exportadora de alimentos”.
Precisamente esa problemática fue abordada por Jimi Richardson, jefe del Programa Mundial de Alimentos. “Las cooperativas pueden aportar a la seguridad y la soberanía alimentaria”, aseguró.
A través de redes nacionales y programa de compra de alimentos, este programa se convierte “en la mayor agencia humanitaria del mundo”, con 32 millones de beneficiarios en 35 países y territorios de la región.
El PMA aborda el drama del hambre desde varias aristas, como la alimentación escolar, el fortalecimiento de los sistemas alimentarios la respuesta a emergencias. En 2022 totalizó la compra de 85 mil toneladas métricas de alimentos, muchas de ellas a pequeños agricultores.
El cierre del panel estuvo a cargo del secretario del Comité Ejecutivo, Ricardo López, quien remarcó el crecimiento de la incidencia cooperativa en la medida que los gobiernos y organismos internacionales prestan cada vez más atención y espacio a la agenda del sector.
