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Cautela en las cooperativas de Puerto Rico por suspensión de pagos del gobierno

23 de agosto de 2016

La Corporación para la Supervisión y Seguro de Cooperativas (Cossec) vigila de cerca los niveles de liquidez de las cooperativas de ahorro y crédito, a raíz de la suspensión en el pago de intereses y principal en los bonos emitidos por parte del Gobierno.

En paralelo, y aunque el sector ha tomado reservas para hacer frente a la crisis económica y la caída de los bonos de la Isla, Cossec realiza un análisis del impacto que experimentaría ese sector si registra pérdidas en sus inversiones con el Gobierno puertorriqueño.

Ambas movidas son los esfuerzos más recientes que ha puesto en vigor el regulador cooperativo ante el inminente proceso de renegociación de la deuda pública tras la aprobación de la Ley federal para la Supervisión, Gerencia y Estabilización Económica de Puerto Rico (PROMESA) y sobre todo, ante el impago definitivo por parte de distintas agencias del Gobierno.

El presidente interino de Cossec, José A. Flores, explicó que a raíz de los nuevos desarrollos en el pago de la deuda pública, la corporación pública solicita informes semanales de liquidez a las cooperativas como movida cautelar.

El pasado 30 de junio, el gobernador Alejandro García Padilla decretó un impago en la deuda pública al suspender el pago o la transferencia de dinero a fondos de reserva en prácticamente todos los emisores de deuda, salvo la Corporación para el Fondo de Interés Apremiante (Cofina).

La decisión del Gobierno afecta directamente a por lo menos 60,000 individuos en Puerto Rico que complementan sus ingresos con los intereses de los bonos de Puerto Rico.

En el caso de las cooperativas, la decisión de García Padilla, resulta perjudicial, pues los ingresos por inversiones son parte del flujo de efectivo mensual de esas entidades.

En el mundo de la contabilidad, no pagar principal e interés supone una pérdida inmediata para el dueño de la acreencia.
Para la economía y para los socios cooperativos, los intereses que estas entidades debieran recibir por el dinero que prestaron al Gobierno, se utilizan para prestar a una familia que necesita hacer mejoras al hogar o comprar un auto y para que un pequeño empresario pueda establecer o ampliar su negocio.

Ese dinero, sobre todo, permite que las cooperativas lleven a cabo sus programas sociales o subvencionen iniciativas culturales, académicas y deportivas en todo Puerto Rico.

“En estos momentos, la liquidez operacional está bajo parámetros aceptables. Cuando una cooperativa enfrenta alguna situación, nosotros trabajamos con esta -lo estamos haciendo en estos momentos- y pedimos un plan de acción específico para ver diferentes opciones, sea una venta de activos o poner activos en colateral para obtener líneas de crédito”, explicó Flores. El funcionario no dijo cuántas cooperativas, de las 116 en operaciones, han tenido que entrar en planes correctivos para fortalecer su liquidez o capital.

Hasta septiembre de 2015, la situación con los bonos de Puerto Rico era causa para que, por lo menos, 30 cooperativas no tuvieran capital adecuado para operar. Esto, según los requisitos estatutarios que rigen al sector.

En la mira la cartera de bonos

“En el caso del posible impago y para que la junta de directores pueda tomar las decisiones que entienda adecuadas, encomendamos un estudio bajo diversos escenarios de recorte, que van desde un ajuste de 25% hasta 75%”, sostuvo Flores, quien conversó con Negocios durante el foro anual dirigido a ejecutivos y oficiales de cooperativas del Colegio de Contadores Públicos (CCPA).

El análisis, dijo Flores, se encomendó al experto en ciencias actuariales Juan B. Aponte y al exvicepresidente de la Reserva Federal de Nueva York, Arturo Estrella y debe estar listo en las próximas semanas.

No obstante, según Flores, “al día de hoy, por lo que hemos visto, no hay un preocupación inmediata con el impago en los bonos”.
El año pasado, cuando el gobierno comenzó a incumplir con el pago a sus acreedores, el sector cooperativo se convirtió en tema de preocupación, debido a la exposición del sector a los bonos del Gobierno. A marzo de 2016, la cartera conjunta de inversiones de las cooperativas rondaba $1,567 millones. De esa cifra, aproximadamente el 63% corresponde a bonos de Puerto Rico.

Hasta el cierre de 2015, el sector cooperativo exhibía pérdidas no realizadas de entre $500 millones y $600 millones, una vez los precios de los bonos del Gobierno se desplomaron por la renegociación que impulsa el Gobierno.

Aunque no todas las cooperativas poseen bonos de Puerto Rico, dado que Cossec y los organismos cooperativos rehúsan divulgar información financiera por entidad, todo el sector ha pagado los platos rotos.

En 2015 (y por primera vez desde el inicio de la crisis), los depósitos cooperativos menguaron unos $100 millones, según entendidos en el tema.
Durante el foro del CCPA, los funcionarios de Cossec y el contador público Fernando Llavona, aseguraron que la situación se ha estabilizado.

Según Flores, pese a los retos, el sector cooperativo ha aumentado su actividad prestataria y mantenido a raya los niveles de mora.
A marzo de 2016, según Cossec, la cartera de préstamos de las cooperativas se estimó en $4,667 millones. Los préstamos atrasados representaban el 4.74% de ese universo.
“La participación de la ciudadanía en las cooperativas ha aumentado significativamente, lo que es un indicativo de la opción que representa el cooperativismo”, aseguró Flores.

A marzo de 2016, el sector daba cuenta de un nuevo récord en socios, estimado en unas 976,550 personas.

El impacto del BGF

A marzo de 2016 y en conjunto, las reservas por inversiones de las cooperativas se estimaron en $91.2 millones. Al sumarse esa cifra con otras reservas y las acciones de los socios, el capital de las cooperativas se calculó en $2,781 millones. Excluyendo las acciones, el capital se ubicaría en $426 millones.
Según Flores, a marzo pasado, la liquidez del sector rondaba $2,927 millones.

A la fecha, la mayor parte de las pérdidas en las inversiones de las cooperativas no se ha concretado porque estas no han vendido lo que poseen.
En 2015, no obstante, la Corporación para el Financiamiento Público (PFC) incumplió con sus bonistas. Este mes, el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) debió pagar unos $29 millones a sus bonistas, lo que no pasó.

Del total de bonos de Puerto Rico que poseen las cooperativas, unos $500 millones corresponden a la deuda emitida por el otrora agente fiscal. Este año, las cooperativas debieron recibir del BGF unos $50 millones.

De acuerdo con Llavona, aún cuando el sector muestra fortaleza, a partir de este año, los estados financieros de las cooperativas comenzarán a reflejar la saga con los bonos de Puerto Rico.

Según Llavona, es posible, que algunas cooperativas reciban opiniones cualificadas.

Esto, a medida que se implementen las disposiciones de la ley 220 de 2015. El controversial estatuto permite a las cooperativas clasificar los bonos de Puerto Rico como “inversiones especiales” y amortizar las pérdidas por hasta por 15 años, lo que evitaría que las cooperativas tengan que separar de súbito partidas grandes para posibles pérdidas.

Deficiencias

Aparte del monitoreo constante a los depósitos y a los bonos del Gobierno, Cossec ha puesto énfasis en el cumplimiento de las normas y controles internos de las cooperativas. El regulador sigue de cerca el otorgamiento de préstamos, el manejo de las cuentas de los socios y el establecimiento de sistemas o controles para evitar ataques cibernéticos, entre otros.

“Vamos a estar fortaleciendo el área de apoyo técnico para promover que haya cumplimiento y que se aclaren dudas”, indicó Pedro Roldán Román, quien dirige esa unidad de manera interina.

Según Roldán Román aunque el sector cooperativo ha hecho avances importantes, todavía hay que reforzar normas y procedimientos para evitar pérdidas, un disloque en las operaciones y para continuar ofreciendo servicios a sus socios.

Roldán Román explicó que en exámenes recientes, el personal de Cossec ha identificado la necesidad de mejorar la documentación en el otorgamiento de préstamos. Ello incluye cosas tan simples como asegurar la veracidad de los ingresos que reporta el individuo o la empresa a la hora de tomar prestado hasta aspectos tan complejos como evaluar los préstamos comerciales, una vez estos se otorgan.

Agregó que las cooperativas tendrán que ser más cuidadosas para proteger las cuentas inactivas de socios -pues estas podrían ser manipuladas por empleados o personas no vinculadas a estas- y destacó la necesidad de mejorar los registros donde sedocumenta la compra de giros o cheques de gerente.

“Estamos observando que, en algunos casos, en las aperturas de cuentas no se valida el depósito inicial”, dijo Roldán Román. Sostuvo que urge reforzar el manejo de cuentas ante la multiplicidad de tretas para lavar dinero.

Las deficiencias en controles internos para el manejo o custodia de cuentas no son exclusivas de las cooperativas, el tema es frecuente en bancos, aseguradoras y firmas de asesoría financiera.

“La cooperativa tiene que notificar a los socios si su información fue comprometida”, agregó Roldán Román al plantear que en Puerto Rico, ya ha habido ataques cibernéticos a cooperativas, cuya sofisticación no se ha detectado sino hasta meses después.

Al rescate, Banco Cooperativo

Mientras COSSEC procura dar estabilidad al sistema cooperativo desde la reglamentación, el Banco Cooperativo hace lo propio, pero desde el lado del capital.
“Durante el 2015, nosotros ya teníamos separados unos $200 millones en liquidez y elevamos esa liquidez por $100 millones como una medida defensiva y cautelar en caso de que el sector lo necesitara”, dijo a Negocios, el presidente del BanCoop, Angel Sáez.

BanCoop actúa como principal fuente de fondos y de servicios bancarios para el sector cooperativo.

Según Sáez, en 2012, cuando la situación con la deuda de Puerto Rico levantaba dudas, BanCoop redujo drásticamente su exposición a los bonos del Gobierno. Al presente, BanCoop apenas tiene unos $7.5 millones en deuda gubernamental.

Sáez reconoció que, en parte, la movida se produjo porque el marco reglamentario que aplica a un banco comercial es menos flexible que aquél que aplica a las cooperativas.

Empero, subrayó que la decisión respondió al objetivo ulterior de cumplir con la misión de dar respaldo a las cooperativas de ahorro y crédito.

Según Sáez, al presente, BanCoop ha otorgado unos $75 millones en líneas de crédito a cooperativas y que ha adquirido aproximadamente unos $25 millones en activos, Pero subrayó que tales transacciones no responden únicamente a un asunto de liquidez sino al hecho de que las cooperativas necesitan dinero para continuar acreciendo sus carteras de préstamos y continuar sirviendo a los socios.

Momento para realinearse

Sáez se mostró confiado en que el movimiento cooperativo saldrá airoso de la situación con la deuda de la Isla. “Habrá que tomar decisiones fuertes y probablemente, habrá que determinar si procede una consolidación de cooperativas, pero eso va a requerir una decisión concertada del movimiento”, dijo Sáez.

En ese sentido, Sáez destacó que con la aprobación de PROMESA, una vez se estabilicen las finanzas del Gobierno, en Puerto Rico, habrá necesidad de financiar nuevas empresas así como proyectos claves para el desarrollo socioeconómico de la Isla.

Ese espacio, según Sáez, debe ser ocupado por el sector cooperativo, el quea su juicio, está maduro para “ser un jugador de peso” dentro del sistema financiero de Puerto Rico.

Fuente: El Nuevo Día

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