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Cooperativas de Venezuela piden la nulidad de la ley que les impone el impuesto a la renta

11 de marzo de 2016

Unos mil cooperativistas de todo el país, agrupados en la Central Cooperativa de Venezuela (CECONAVE), acudieron el pasado 7 de marzo ante el tribunal Supremo de Justicia para pedir la nulidad de la ley que obliga a las cooperativas a pagar impuestos sobre la renta.

Informó Carmen Catalano, vocera de la Instancia de Coordinación de Relaciones Institucional de esa central, que la jornada se inició con una concentración a las 9am, en la Plaza Bolívar de Caracas, en la que se ofrendó flores Padre de la Patria, en homenaje al día de la mujer venezolana y cooperativista, desde allí se inició una caminata hasta el TSJ.

Germán Sánchez, representante legal de CECONAVE, explicó que el propósito fue introducir una acción popular por inconstitucional y recurso de nulidad, conjuntamente con una medida cautelar en nombre del movimiento cooperativo, que permita derogar el impuesto a las cooperativas. Además, han recurrido ante la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, donde fue acordada de manera unánime la conformación de una comisión mixta, que tratara el tema cooperativo.

Como se recordara, en noviembre del 2014 se reformó la Ley de Impuesto Sobre la Renta, según Gaceta Extraordinaria Nº 6152. Decreto Nº 1.435, donde se eliminó la “Exención” que tenían las Cooperativas, bajo el supuesto que se eliminarían aquellas cooperativas que fueron constituidas para evadir impuestos, causando un grave daño al movimiento cooperativo venezolano autentico.

Luis Delgado, miembro de la Cooperativa Gestión Participativa, afirma “Las cooperativas no generan renta: ¿Cómo podrían pagar un impuesto por algo que no generan?, por ese camino cerrarán las cooperativas auténticas. Es incorrecto afirmar que el excedente que generan las cooperativas es igual a ganancia, utilidad o renta. Según el artículo 54 de la Ley Especial de Asociaciones Cooperativas (LEAC), ese excedente es un sobrante que se regula legalmente con criterios de retorno; asimilarlo a ganancia o renta traería consecuencias muy graves para las cooperativas y obligaría al cese de actividades a muchas de ellas”.

Carmen Catalano agrega: “Las cooperativas integran su capital para enfrentar problemas colectivos no para generar ganancias. Con ese injusto impuesto desaparecerá la red de fondos comunitarios de ahorro y créditos constituidos por cooperativas y cajas comunales que agrupa a 420 mil asociados en todo el país. Esos fondos han sido la fuente de financiamiento de más de un millón de préstamos en los últimos 10 años que han sido destinados a mejoras y remodelación de viviendas, consolidación de emprendimientos, atención a problemas de salud, y compra y mejoramiento de unidades de transporte, entre otros fines. Además desaparecería una red de organizaciones de la comunidad que se auto-distribuyen bienes de consumo, alimentos, electrodomésticos y otros bienes”.

Esas redes trabajan vinculándose con unidades de producción comunitaria y pequeños productores facilitándoles el espacio y las condiciones de precios que les permite superar la rosca de intermediarios; las de la Región Centro Occidental del país y los Andes distribuyen semanalmente más de 550 toneladas de productos agrícolas atendiendo a más de setenta familias cada semana. Igualmente desaparecería una red de salud comunitaria, de centros integrales de salud, ambulatorios, unidades de salud, farmacias, unidades de odontología que han emprendido las comunidades organizados en entes cooperativos, que en el último año han realizado, más de dos millones y medio de consultas, 10.mil hospitalizaciones, 500 operaciones y unos 250.mil tratamientos médicos alternativos.

Otras experiencias importantes que corre el riesgo de desaparecer, es la red de distribución de gas doméstico en bombonas que atiende más de cuarenta mil familias en Falcón y Lara, manteniendo el precio de la bombona en 7 bolívares y llevándolas a las comunidades más apartadas; así mismo la red de atención funeraria consolidada a lo largo de los últimos 47 años y que protege a unas 680 mil personas en todo el país a través de 52 agencias funerarias cooperativas con un promedio anual de 20.000 entierros.

Finalmente, dice Catalano, como si fuera poco está en riesgo la red de trabajadores asociados, no dependientes, sin explotación de patronos que somos el alma de las experiencias cooperativas señaladas.

Fuente: El Joropo